Unidad histórica en el Pirineo aragonés para reclamar la finalización de la variante de Sabiñánigo

Instituciones, empresarios, agricultores, transportistas, hosteleros y asociaciones sociales de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe han escenificado este viernes una imagen de unidad pocas veces vista en el territorio. Se dieron cita para firmar un manifiesto conjunto en el que reclaman una solución urgente a la paralización de las obras de la variante de Sabiñánigo, en el tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste de la autovía A-23.

La iniciativa, impulsada por AEPAG, ACOMSEJA, la Cooperativa Santa Orosia, la Asociación El Cajicar, Asaja, la Federación de Transportes de la Provincia de Huesca, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca y CEOE-CEPYME Huesca, logró reunir el apoyo de 52 entidades públicas y privadas de las tres comarcas.

Entre los firmantes se encuentran todos los ayuntamientos de la Jacetania y del Alto Gállego, además de municipios y colectivos de Sobrarbe, una adhesión que los organizadores calificaron de histórica por el amplio consenso alcanzado.

Durante la apertura del acto, la gerente de AEPAG, Lidia Ferrer, quiso subrayar el carácter estrictamente territorial de la convocatoria: «este no es un acto político, sino territorial. Hoy estamos aquí para mostrar nuestra unión como territorio y exigir una solución ante la paralización de las obras de la A-23 en el tramo de Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste», señaló. Igualmente incidió en que en dicho acto no se iba a llevar a cabo ni a decidir ninguna acción que implique la afectación de la vía pública.

Durante el acto, las presidentas de AEPAG y ACOMSEJA, Beatriz Peñarrubia y Marian Bandrés, fueron las encargadas de dar lectura al manifiesto, que posteriormente fue suscrito por los representantes de las distintas entidades presentes.

Peñarrubia destacó que la reivindicación trasciende a sectores concretos y afecta al conjunto del territorio. «Estamos aquí unidos por un problema que repercute en la seguridad, la economía y la calidad de vida de nuestras comarcas», señaló.

La presidenta de AEPAG recordó además que el área representada por las entidades firmantes supera los 30.000 habitantes y recibe cerca de dos millones de visitantes al año, por lo que las consecuencias de la situación actual se extienden mucho más allá del municipio de Sabiñánigo.

Por su parte, Marian Bandrés anunció que el documento será remitido a todas las administraciones y organismos implicados para reclamar una respuesta inmediata. «Necesitamos soluciones y necesitamos que lleguen cuanto antes», afirmó.

Consecuencias en toda la comarca

El manifiesto pone el foco en los problemas que está generando la paralización de las obras. Los firmantes consideran que la situación está afectando a la movilidad diaria de vecinos y trabajadores, además de generar importantes dificultades para la actividad económica.

Entre los sectores más perjudicados se encuentran el transporte de mercancías, la industria, el turismo y el sector primario. El documento recuerda que más de 150 vehículos pesados utilizan habitualmente estos accesos, además de 15 líneas de autobús y 21 rutas escolares.

La preocupación alcanza también a los agricultores vinculados a la Cooperativa Santa Orosia, que han visto alterados sus desplazamientos habituales en plena campaña agrícola.

Precisamente su presidente, Alfredo Beltrán, explicó que durante los últimos meses muchos profesionales se han visto obligados a utilizar itinerarios alternativos poco adecuados para maquinaria pesada. Aunque recientemente se ha habilitado una solución temporal para la campaña de cosecha, considera que el problema de fondo sigue sin resolverse.

Complejidades

Por su parte, la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, recordó que el Ayuntamiento lleva meses trabajando junto a las asociaciones afectadas para intentar encontrar soluciones. «Hemos mantenido reuniones con la Subdelegación del Gobierno, con la Dirección General de Carreteras y con las entidades implicadas para intentar buscar alternativas. Pero también es cierto que no podemos continuar en esta situación», afirmó. También se han aprobado mociones institucionales al respecto y se ha colocado una pancarta exigiendo la finalización de las obras.

Fernández reconoció que la complejidad está dificultando la resolución del conflicto entre la Administración y la empresa adjudicataria, aunque insistió en que la situación es ya insostenible para el municipio.

La alcaldesa fue especialmente crítica con el estado actual de la infraestructura. «Que esté ejecutada prácticamente toda la autovía y que se abandonen las obras cuando quedan por terminar dos de las rotondas de acceso al municipio me parece casi una extorsión«, señaló.

A este respecto recordó que la UTE se presentó a la licitación de las obras, cuyo coste superaba los 90 millones de euros, por 70, «es decir, hicieron una baja de 20 millones». A esto se suma que han hecho dos modificados, lo que hace que el coste supere los 100 millones, «que es lo que llevan gastado las arcas públicas en esta infraestructura». Y ahora «piden un tercer modificado».

La alcaldesa cree que no se trata tanto de un problema económico, sino de un problema legal, ya que «la ley te obliga a que no puedes exigir más de un tanto por ciento por el que tú te has presentado libremente a la licitación. Y en estos momentos nos encontramos en esa situación complicada en la que con ese tercer modificado, según mi información, se estaba sobrepasando ese preceptivo legal que no puedes obviar porque nos implica a todos».

Asimismo, anunció que el Ayuntamiento continúa explorando la vía judicial para reclamar posibles indemnizaciones por los perjuicios ocasionados.

La seguridad, una de las principales preocupaciones

Otro de los aspectos que más inquietud genera es el relacionado con la seguridad y los servicios de emergencia. El manifiesto advierte de las dificultades que pueden encontrarse ambulancias, bomberos y otros servicios esenciales para acceder con rapidez al Hospital de Jaca, centro de referencia para la Jacetania y Alto Gállego.

También el sector del transporte mostró su preocupación por la situación. Elena Aínsa, representante de la Federación de Transportes de la Provincia de Huesca, denunció la falta de información y los problemas que sufren diariamente los profesionales.

«Estamos soportando las consecuencias de una obra que comenzó con ilusión porque iba a mejorar la conexión entre el este y el oeste del territorio, pero la desinformación que sufrimos desde hace meses nos está agotando la paciencia«, afirmó.

Aínsa alertó de la situación de los transportistas de mercancías peligrosas, para quienes no existe una ruta alternativa viable. «Estamos en una situación crítica porque además para algunos de nosotros, los que transportamos mercancías peligrosas, no hay opción de ruta alternativa», recordó. Y es que el trazado actual que se ha quedado paralizado «incluye curvas muy cerradas, rotondas muy pequeñas y pendientes, que resulta muy complicado para un vehículo pesado».

Además, recordó que en núcleo de Sabiñánigo «tenemos censados alrededor de 150 vehículos pesados al día«. Pero se trata de una vía que une Sagunto con Francia por el túnel de Somport «y el túnel absorbe una media de 500 camiones al día, y muchos de éstos tienen que atravesar esta obra paralizada». Esta circunstancia, unida a las retenciones y a la coincidencia con autobuses, turistas y tráfico local, incrementa los riesgos.