«Es una situación insostenible»: indignación por el incumplimiento de la UTE en la variante de Sabiñánigo.

El nuevo incumplimiento de la UTE adjudicataria de las obras de la variante de Sabiñánigo ha elevado la indignación en el territorio. Este jueves, 5 de noviembre, vencía el plazo concedido por el Ministerio de Transportes para que las empresas comenzaran las actuaciones de emergencia destinadas a mejorar los accesos a la localidad, pero no se ha iniciado ningún trabajo ni se ha presentado justificación alguna.

La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, no ha ocultado su malestar ante lo sucedido y ha dirigido sus críticas especialmente a las dos empresas que forman parte de la unión temporal. «Estoy molesta. Para mí es una decepción absoluta. Esperaba que hubiese más responsabilidad por su parte y que dejaran ya solventada toda una situación que nos está perjudicando de forma muy directa a los ciudadanos de Sabiñánigo en su movilidad y en su seguridad», ha manifestado.

La alcaldesa considera que las empresas tenían la obligación de ejecutar los trabajos en los accesos, tal y como les había requerido el Ministerio, y lamenta que finalmente no hayan cumplido con ese compromiso. También cuestiona que la motivación de la UTE sea exclusivamente económica. Según recuerda, el Ministerio había anunciado que estas actuaciones supondrían un pago de un millón de euros a las empresas, mientras que el incumplimiento podía implicar la incautación de cerca de cuatro millones de euros de los avales. «Bajo mi punto de vista, lo que han demostrado es que la motivación principal no está siendo el dinero», apunta.

Fernández explica que el Ayuntamiento no mantiene contacto con las empresas y que la información sobre los próximos pasos procede de las comunicaciones con la Administración central. En este sentido, recuerda que la delegada del Gobierno le trasladó que se aplicarían todos los mecanismos legales disponibles para exigir a la UTE la compensación por los daños y los graves perjuicios ocasionados.

«Espero que se apliquen todos los mecanismos legales que tenga a su disposición la Administración. Esto nos está ocasionando un perjuicio muy importante a todos», insiste la alcaldesa, que mantiene como prioridad la recuperación de unos accesos que considera fundamentales para la seguridad y la movilidad de los vecinos.

Los empresarios temen que la solución vuelva a retrasarse

La incertidumbre también preocupa al tejido empresarial del territorio. Lidia Ferrer, gerente de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego, vuelve a reclamar una solución urgente después de un año de reivindicaciones.

Advierte de que, si finalmente el Ministerio opta por resolver el contrato con las actuales empresas y adjudicar los trabajos a una nueva compañía, el proceso volverá a prolongarse. «Parece que el camino va a ser la resolución del contrato con estas empresas y la contratación con una nueva, y eso va a alargar los plazos. Esta no es una situación sostenible en el tiempo», señala.

PSOE y PP se enfrentan por la gestión de la variante

El incumplimiento del plazo ha reavivado también el enfrentamiento político. El PSOE exige a la UTE que retome de manera inmediata las actuaciones de emergencia que le había requerido el Ministerio para mejorar los accesos, unos trabajos que debían ejecutarse en un periodo máximo de tres meses.

La candidata socialista al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, asegura que su formación continúa trabajando para encontrar soluciones y conseguir que se reanuden las obras hasta completar la variante. Nasarre considera inadmisible que la empresa haya obviado el requerimiento ministerial y reclama que actúe con diligencia, profesionalidad y responsabilidad.

La propia alcaldesa de Sabiñánigo, también del PSOE, insiste en que el Ayuntamiento seguirá reclamando la apertura de los accesos. «Es imperativo abrirlos para mejorar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos de la localidad y de quienes vienen a visitarnos. Seguiremos peleando y trabajando para que estos accesos se abran con la mayor celeridad posible y con las mejores garantías de seguridad», afirma.

Desde el Partido Popular, la diputada en el Congreso y candidata por Huesca, Ana Alós, responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y acusa al PSOE de «buscar culpables en lugar de gestionar y resolver los problemas». Alós considera que la empresa adjudicataria debe cumplir sus obligaciones, pero cuestiona qué ha hecho el Ministerio durante todos estos meses para garantizar la ejecución del contrato. «Los vecinos están hartos de anuncios, ultimátums y promesas que nunca se cumplen. Aquí lo que hace falta son máquinas trabajando y soluciones», sostiene.

La dirigente popular recuerda que la variante lleva prácticamente once meses paralizada y que los accesos a Sabiñánigo permanecen afectados desde el verano de 2025. Por ello, reclama al Ministerio que explique qué medidas adoptará ante el incumplimiento y que establezca un calendario creíble para recuperar los accesos y desbloquear definitivamente la infraestructura.

La Comarca Alto Gállego vuelve a pedir explicaciones al Ministerio

La Comarca Alto Gállego también ha reaccionado al vencimiento del plazo. La institución ha remitido este jueves una carta al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, para solicitar una reunión urgente en la que se informe sobre la situación de las obras y los próximos pasos previstos.

El presidente comarcal, Primitivo Grasa, ya había solicitado formalmente a finales de mayo un encuentro con el anterior ministro, Óscar Puente, sin recibir respuesta. Ahora ha vuelto a trasladar la petición al nuevo titular del departamento. «No podemos seguir esperando sin recibir explicaciones. Necesitamos certezas, compromisos y un calendario claro», reclama Grasa.

La institución recuerda que la paralización de la variante está generando importantes perjuicios económicos y de seguridad para vecinos, agricultores, ganaderos, transportistas y sectores como el turismo, fundamental para la actividad económica de la zona.