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Continúa el proceso judicial de Jaca sin Perder el Norte contra el trazado de la variante

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La Asociación Jaca sin Perder el Norte inició hace un tiempo un proceso judicial contra el trazado aprobado por el ministerio de Fomento de la variante de Jaca, que por el momento, sigue abierto. Incluso no descarta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque considera que la declaración de impacto ambiental de este tramo que unirá la A-23 y A-21 por el norte de la ciudad, ha perdido validez.

El colectivo ciudadano y su abogado, Jaime Doreste, han querido explicar todo lo relativo al tema judicial de la variante de Jaca, ante la “interesada confusión” por parte, entre otros, “del alcalde de Jaca Juan Manuel Ramón, acerca del estado de los procedimientos iniciados por Jaca sin Perder el Norte en contra de la variante».

Inicio del proceso

En el año 2015 se aprobó con carácter definitivo el proyecto de construcción de la variante de Jaca, que fue recurrido por parte de la asociación jaquesa. Ese recurso fue desestimado por la Audiencia Nacional, y frente al mismo se interpuso un recurso de casación, que fue inadmitido a trámite, “lo cual entra dentro de la normalidad procesal o jurisdiccional”, explica el abogado.

Pero paralelamente, a los 6 años de entrar en vigor la ley 21/2013 de impacto ambiental, las declaraciones respecto a esta cuestión perdían vigencia de manera automática al transcurrir este periodo de tiempo desde la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2013.

“Por eso a principios de 2020 se reclamó al ministerio la pérdida de eficacia de validez de la declaración de impacto ambiental para los tramos no ejecutados de la variante, y sobre todo para el de la variante”, señala el abogado. Éste argumenta que desde 2001 que se realizó dicha declaración han cambiado muchos condicionantes, a nivel de delimitación de espacios protegidos, de planificación y protección de especies en peligro de extinción, en el propio crecimiento urbano de Jaca, o a nivel incluso de la propia funcionalidad de la autovía.

Y es que “uno de los condicionantes que otorgaba mayor peso en el proceso de toma de decisiones para adoptar la variante norte de Jaca era la salida norte hacia Canfranc, ya que había un proyecto europeo de interconexión entre España y Francia de convertir en autovía toda esa conexión”, recuerda Jaime Doreste. Pero Francia “renunció a llevar a cabo ese proyecto, por lo que pierde peso ese condicionante”, añade.

Trazado de la variante de Jaca, que unirá la A-21 y A-23 por el norte de la ciudad.

Procedimiento en tramitación

Ante la falta de contestación del ministerio de Fomento, se interpuso un nuevo procedimiento que está actualmente en tramitación, en la que resta “que formulemos conclusiones y se le darán traslado a la contraparte para que formulen las suyas”, señala Jaime Doreste.

Por lo tanto, actualmente este colectivo ciudadano tiene abierto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra el ministerio de Fomento y Transición Ecológica, que pretende demostrar de la declaración de Impacto ambiental que se realizó en 2001 para la variante de Jaca, no tiene validez 20 años después, dado que han cambiado muchos condicionantes. En el caso de que la sentencia no fuera favorable, cabría recuso al Tribunal Supremo y no descartan llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque consideran que la declaración de impacto ambiental de la variante, ha perdido validez.

Medidas cautelares

El abogado de Jaca sin Perder el Norte también ha querido aclarar otra cuestión comentada por el alcalde jaqués sobre medidas cautelares. Subraya que no se han pedido «porque no han empezado las obras ni van a comenzar de momento», por lo que es algo que «no tiene razón de ser». Cabe recordar, en este sentido, que la variante de Jaca tiene consignados en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado 100.000 euros, una cantidad que un año más, impedirá que se inicien las obras de este tramo de la autovía (tampoco están licitadas), uno de los más costosos, ya que tiene un presupuesto de 114 millones de euros. Según el letrado, la baja consignación presupuestaria no la achaca al proceso judicial abierto, sino a una cuestión social y a la falta de convencimiento acerca de la viabilidad del proyecto.

Rueda de prensa en la que se explicó la situación judicial de Jaca sin Perder el Norte respecto a la variante. Foto: L. Zamborain

«Valentía» de JSPN

El abogado también ha querido resaltar la “valentía” de este colectivo ciudadano de afrontar “no sólo los costes del procedimiento, además asumir el riesgo de eventuales condenas en costas como se ha aireado por las contrapartes en el anterior procedimiento”.

La presidenta de la asociación Jaca sin Perder el Norte, Margarita Langa, ha señalado que “no queremos perjudicar a nadie, ni a los vecinos del sur de Jaca ni a los del norte, sólo pedimos justicia, empatía y honestidad en las declaraciones”, en relación a lo dicho respecto a esta cuestión desde el Ayuntamiento de Jaca, que también está en el proceso judicial.


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