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Nueva concentración por la vivienda en Jaca: “Vivimos con una incertidumbre absoluta”

Un centenar de personas se ha concentrado este martes en Jaca para apoyar a las vecinas del único bloque de Vivienda Protegida en Alquiler (VPA) de la ciudad, que desde diciembre de 2025 viven en una situación de incertidumbre e irregularidad sin que, por el momento, se haya alcanzado ninguna solución.

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Un centenar de personas han vuelto a salir este martes a la calle para apoyar a los vecinos del único bloque de Vivienda Protegida en Alquiler (VPA) de Jaca, que llevan desde diciembre de 2025 viviendo en una situación de «incertidumbre e irregularidad», sin que hasta el momento se haya producido ningún avance. Por ello, y una vez más, el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón ha exigido soluciones reales ante el problema de la vivienda en el territorio.

El conflicto se remonta a finales del pasado año, cuando la promotora privada Promociones Nicuesa (Pronisa), gestora del bloque de alquiler de VPA, comunicó a los inquilinas que debían abandonar sus viviendas antes del 30 de noviembre, si no firmaban los nuevos contratos, con subidas, según denuncian, de hasta el 75%, pasando de alquileres de unos 450 euros a cerca de 800 euros mensuales. Otros en cambio, no han podido asumir este incremento, por ello 6 vecinas de este edificio denunciar la situación de incertidumbre y precariedad que viven tras la finalización de sus contratos de alquiler y la propuesta de subidas de entre el 60 y el 70% por parte de la propiedad.

Vecinos afectados

María Arnal, una de las afectadas que no ha firmado el nuevo contrato, explica que todo comenzó cuando recibieron una notificación en la que se les comunicaba que el contrato estaba caducado y que no se renovaría en las mismas condiciones. “Nos ofrecieron un contrato nuevo con el precio máximo que permite el decreto, pero eso supone una subida brutal”, señala. En su caso, el alquiler pasaría de 360 a casi 600 euros mensuales, un incremento que considera inasumible.

Desde el 30 de noviembre, seis vecinas se encuentran en una situación que califican de “irregular”, al no haber firmado el nuevo contrato. “Estamos intentando negociar, pero no tenemos respuesta ni del casero ni de las instituciones a las que hemos acudido”, lamenta Arnal. Aun así, subraya su voluntad de cumplir con el pago del alquiler, que la propiedad ha dejado de pasarles. “Estamos consignando el alquiler en el juzgado y hemos dicho claramente que estamos dispuestas a asumir una subida razonable, no del 70 %”. La incertidumbre es, según relata, uno de los aspectos más duros porque “cada día estás esperando a ver qué pasa, si llega una carta, si ocurre algo. Es una incertidumbre absoluta”.

Pilar Gallego, otra de las vecinas, sí firmó el nuevo contrato, aunque reconoce el fuerte impacto económico que le ha supuesto. Desde el 1 de diciembre paga un alquiler que ha pasado de 399 a 588 euros. “Fue ‘si quieres, bien, y si no, también’”, resume sobre la comunicación con la propiedad. El nuevo contrato es por siete años, prorrogables otros siete, pero el coste inicial fue elevado, ya que tuvo que pagar un mes de fianza, dos de aval y asumir la subida. “Me quedé en números rojos”, asegura. A nivel personal, admite que la situación le ha pasado factura. “Me siento fatal por haber firmado, pero también estaría mal si no lo hubiera hecho. Ahora vivo al día”, indica.

Gerardo Benedé, que reside en el edificio desde hace ocho años, todavía no ha recibido la notificación, que espera que le llegue este 2026 ya que fue de los últimos en entrar a vivir en el edificio. Por ello vive con preocupación lo que pueda ocurrir en el futuro. “Después de ver lo que les ha pasado a mis vecinos, estoy a la espera, con mucha incertidumbre”, afirma. Con ingresos bajos y un empleo poco cualificado, teme no poder asumir una subida similar. “No sé si podría pagar más ni dónde podría ir, porque en Jaca la situación de la vivienda está muy complicada”, añade.

Por su parte, Berta Lantero explica que no ha firmado el nuevo contrato porque le resulta completamente inasumible. “Me pedían casi 800 euros al mes. Con un sueldo de 1.100 euros y una hija de 19 años que estudia fuera, es o pagar el alquiler o vivir”, denuncia. Hasta ahora pagaba 433 euros, y asegura que asumir la subida sería “malvivir”.

Lantero critica la falta de respuestas institucionales pese a las reuniones mantenidas, ya que “hemos recibido buenas palabras y promesas, pero a día de hoy no tengo ninguna noticia. Lo único que sé es que estoy pendiente de una posible denuncia en el juzgado”.

No hay alternativas

Desde Vivienda Digna denuncian que en Jaca no existe una alternativa habitacional asequible, ya que la oferta de alquiler permanente es prácticamente inexistente y los precios del mercado libre son elevados incluso para viviendas de pequeño tamaño. Además, señalan que gran parte de los anuncios disponibles corresponden a alquileres de temporada o pisos turísticos, no a vivienda estable para personas que viven y trabajan en la ciudad.

El colectivo también critica que el Ayuntamiento no haya aprobado la declaración de Jaca como zona tensionada, una figura prevista en la legislación estatal que permitiría limitar legalmente las subidas de alquiler por encima del 10%, lo que, a su juicio, habría servido para proteger a estas familias.


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