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Empresarios del Pirineo se unen para interponer una reclamación administrativa y exigir a la DGA compensaciones económicas

AYUDAS EXTRAORDINARIAS

La evidente “falta de comprensión” del Gobierno de Aragón, les ha abocado como única alternativa para la mejor defensa de sus intereses, a formular una petición indemnizatoria en vía administrativa, que incluye la interposición de una reclamación económico-administrativa.

Un centenar de autónomos y pequeños empresarios de los valles del Pirineo aragonés, vecinos del territorio que integran el sector hotelero, restaurador, comercio y escuelas de esquí, se han unido en una queja conjunta que quieren dirigir al Gobierno de Aragón ante lo que consideran un “maltrato constante” con relación a las medidas acordadas por esta administración en el seno de la crisis sanitaria de control de la pandemia.

Los reclamantes se consideran especialmente agraviados no solo por las medidas decretadas por el ejecutivo aragonés, que consideran “poco acertadas y fruto de una solución generalista e insensible a la realidad de las particularidades sociales, territoriales y económicas de sus valles”. Sino también por las medidas correspondientes a ayudas acordadas ex post ante las continuas protestas llevadas a cabo.

Falta de comprensión

La evidente “falta de comprensión” del Gobierno de Aragón, les ha abocado como única alternativa para la mejor defensa de sus intereses, a formular una petición indemnizatoria en vía administrativa, que incluye la interposición de una reclamación económico-administrativa encomendada al bufete jurídico ‘Dorinda Aventin & Albert Panabera’. De esta manera quieren verse resarcidos de los daños que vienen sufriendo y especialmente aquellos correspondientes a la temporada comprendida por los meses de invierno (entre noviembre y marzo), en los que se les ha privado de ejercer su derecho fundamental a la libertad de empresa y el derecho a la libre prestación de servicios.

Medidas “no proporcionales”

Los reclamantes consideran que las medidas adoptadas, especialmente las relativas a cierres de establecimientos, así como las intensas restricciones de movilidad que hicieron económicamente inviable la apertura de sus establecimientos, fueron medidas no proporcionales, ni justificadas. Al contrario, las consideran arbitrarias, máxime teniendo en cuenta la baja densidad poblacional de los valles y la alta concentración de población que si se permitió en otras áreas. A este tenor les resulta especialmente injustificable que no se adoptasen medidas mas adecuadas, como sí ocurrió en otras comunidades como Cataluña, Madrid o Andalucía.  En éstas se permitían los desplazamientos a segundas residencias y/o bajo reservas hoteleras, causando así un menor impacto económico.

Empresarios y autónomos aseguran que la intensidad de las medidas de restricción de
movilidad acordadas por el Gobierno de Aragón ha supuesto la agonía de los autónomos y pequeños empresarios de estos valles, que a la postre han sido excluidos de manera generalizada de las ayudas económicas acordadas recientemente.

La DGA “no ha actuado de modo diligente”

Los reclamantes sostienen que el Gobierno de Aragón no ha actuado de modo diligente
y al contrario, ha existido una falta absoluta de estudio, análisis y planificación de unas mejores medidas que no hubieran implicado la aniquilación total de su derecho a poder trabajar. Esta falta de sensibilidad, a la que se une una deficiente motivación de las medidas adoptadas, que se evidencia en contraste con las medidas decretadas por otras comunidades autónomas que también se conforman por territorios de similares particularidades (Sierra Nevada en Andalucía, Valle de Arán en Cataluña, o Navacerrada en Madrid), implica una absoluta requisa de sus bienes y derechos, entre ellos el de explotar sus actividades económicas, condenándoles a sobrevivir con unos ahorros que a la postre se han visto gravados con el pago de impuestos, que en modo alguno han sido tampoco condonados.

Y si bien, los reclamantes, comparten que ciertas medidas debían ser adoptadas para el mejor control de la pandemia, en aras a la protección del bien común y la salud de todos, en ningún caso comparten que estas deban ser soportadas con sacrificio absoluto de sus economías.

Aseguran que no es de recibo que se prive a determinados grupos de empresarios en sectores y lugares concretos de la posibilidad de prestar sus servicios, por el interés público de limitar los contactos y la movilidad social, sin una adecuada compensación.

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